Pons adelantó que está dispuesto a exprimir todas las posibilidades, «tanto los dos ayuntamientos afectados como nosotros hemos informado de forma negativa sobre los proyectos... si hace falta acudir a los tribunales no dudaremos en hacerlo».
Aunque sin duda alguna fue Ramón Orfila -alcalde de Es Mercadal- quién se mostró más crítico con los proyectos, a los que tildó de «auténtico disparate» y de «atentado a la autonomía municipal».
El primer edil nacionalista valoró que «en un momento que se está aprobando la primera ley de Régimen Local de Balears, el Govern ha decidido suplantar las competencias más importantes de los ayuntamientos -la entrega de licencias- a través de una ley de acompañamiento de presupuestos... no se puede imponer a un municipio una actuación de este calado».
A su vez, Ramón Orfila cuestionó la forma de actuar del ejecutivo presidido por Jaume Matas, «me viene a la memoria la reciente visita de Jaume Font pidiendo consenso para el parque nacional, ahora ni siquiera han tenido en cuenta la opinión de los propietarios y lo han tramitado todo por la puerta de atrás».
Las tesis defendidas por el alcalde de Es Mercadal fueron refrendadas por su homónimo en Ferreries, Josep Carreras, que apuntó que «no es que estemos en contra de las energías renovables -hay ejemplos claros, como el de la planta de Es Milà, que ilustran nuestra postura- sino que creemos que todas las administraciones debemos pactar los detalles de estas actuaciones, como la titularidad y su ubicación».
Carreras apuntó que también llevarán el tema a la próxima junta de alcaldes de Menorca y a la asamblea general de la Federació de Entitats Locales de les Illes Balears, «hablamos de actuaciones que tienen una gran influencia en temas del calado de la declaración de la Reserva de la Biosfera o el Pla Territorial Insular (PTI); por lo que deben ser debatidos por todos y no decididos de manera unilateral».
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