El proyecto pretende dar uso público a más de 60 hectáreas del litoral andaluz en 2007.

En la playa de Pinillo, en Marbella, caerán instalaciones deportivas, un camping y varios chalés. En la de Cruz del Mar, en Chipiona (Cádiz), tres restaurantes levantados sobre la arena. Lo mismo les ocurrirá a los chiringuitos de madera del litoral de El Ejido (Almería). Y se avanzará en la expropiación de 13 viviendas de Lepe (Huelva) en la playa de la Antilla. Los planes del Ministerio de Medio Ambiente prevén recuperar para el uso público casi 600.000 metros cuadrados ahora ocupados por diversas edificaciones a lo largo de 2007.

"Hemos pensado durante demasiado tiempo que las playas son infinitas pero eso no es verdad", argumenta el jefe de la Demarcación de Costas de Andalucía Occidental, Federico Fernández.

El objetivo de recuperar para el uso común terrenos del dominio público marítimo-terrestre actualmente ocupados por instalaciones de todo tipo es una de las máximas que la Dirección General de Costas se ha propuesto llevar a cabo dentro de las directrices recogidas en la ley 22/88 para las playas. De las cinco provincias litorales andaluzas, sólo el servicio provincial de Costas de Granada no prevé ninguna actuación en este sentido.

El resto de provincias sí cuenta con estos planes. El más ambicioso es el de Málaga, donde Costas se ha comprometido a comprar los derechos de 45 hectáreas de litoral para su incorporación como territorio de dominio público marítimo-terrestre. Es el caso de las playas de Pinillo y Dunas de Artola, en Marbella; el Playazo, en Nerja; y Arraijanal, en Málaga. "Son zonas que tienen un frente de playa muy amplio. Queremos recuperarlo, rehabilitarlo, ordenarlo y proteger su uso como playa", explica el jefe de la Demarcación de Costas de Andalucía Mediterráneo, Juan Carlos Fernández-Rañada. Las intervenciones malagueñas en un entorno urbano servirán para preservar la zona de intereses especulativos.

Costas también plantea en Málaga otras actuaciones. Se está en negociaciones con el Ayuntamiento de Manilva para recuperar cinco hectáreas en las playas del Negro y de Los Toros, y otros 5.000 metros cuadrados en Sabinillas. También hay planes de dar uso público a una pequeña zona de 3.000 metros cuadrados en Casares, al lado de Arroyo Hondo. Para hacer realidad estos proyectos, se utilizará el método de la expropiación.

Esos planes obligarán a algunos derribos. En El Pinillo, se derribarán instalaciones deportivas, un camping y chalés. En El Playazo, habrá que actuar en cultivos agrícolas donde existen casetas de apero. "Esas zonas se mejorarán con jardines y arena para convertirlas en grandes espacios libres", detalla Fernández-Rañada.

En el caso de Cádiz, la demarcación de Costas prevé recuperar 3,5 hectáreas. La mayoría se conseguirá a través de obras de paseos marítimos, que se aprovecharán para demoler instalaciones levantadas. En Sanlúcar, se recuperarán 1,7 hectáreas de la playa de la localidad. En La Línea, una hectárea de la playa de la Atunara, donde se derribará un chiringuito. En Tarifa, 5.000 metros cuadrados del tramo urbano de Los Lances y en Chipiona, 2.800 metros de la de Cruz del Mar, donde se tirarán vestuarios y restaurantes sobre la arena.

También en Almería se derribarán chiringuitos. Su servicio provincial de Costas distingue entre los planes para actuar contra ocupaciones no autorizadas, como se está haciendo en todo el frente litoral de Níjar, y aquellas que sí cuentan con alguna concesión, como los chiringuitos de El Ejido.

Medio Ambiente procederá este año a reubicarlos todos fuera de la arena. Una medida que ya se ha trasladado a otros ayuntamientos para que limpien y retiren de la playa estas instalaciones. En esta provincia se esperan recuperar entre 12.000 y 15.000 metros cuadrados, según una primera estimación.

En Huelva, aunque no hay un plan formal, se contemplan algunas actuaciones. El Servicio Provincial de Costas quiere avanzar en la expropiación de 13 viviendas en La Antilla (Lepe), 20 viviendas en Mazagón (Palos de la Frontera) y otras veinte en Punta Umbría.

Fuente: el País
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