El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de seis años de prisión al ex alcalde de Pego Carlos Pascual y a su edil de Medio Ambiente, José Orihuel, la mayor pena impuesta en España a un político por un delito ecológico. La sentencia reconoce que obligaron a quemar, desecar y realizar obras sin licencia en el parque natural del marjal.

Ha tardado diez años en ver la luz, pero la sentencia es de lo más ejemplar. El ex alcalde de Pego, Carlos Pascual, y su teniente de alcalde, José Orihuel, tendrán que pasar seis años en prisión, resultado de la condena más dura impuesta por el Tribunal Supremo a un político por delito ecológico en la historia de España.

Según reza la sentencia, Pascual ordenó la quema de vegetación del parque natural del marjal Pego-Oliva y a rebajar el nivel de agua del humedal. Además, construyó caminos y diques que alteraron en un 50% la superficie de este espacio.

Y todo ello, sin pedir licencia ni permiso alguno a la Conselleria de Territorio. Por si fuera poco, a raíz de estas intervenciones, los agricultores del marjal perdieron más de 160.000 euros en subvenciones directas al arroz.

Los dos políticos, perteneciente a una formación independiente, camparon a sus anchas por la ilegalidad hasta que el grup ecologista Agró y el director del parque, Vicente Urios, denunciaron las irregularidades.

El Supremo les considera autores e instigadores de un grave atentado contra el ambiente que puso en peligro el parque natural de Pego-Oliva y que afectó a 600 hectáreas del humedal.

En el fallo, el tribunal desestima los 78 motivos formulados en el recurso planteado por el ex alcalde y el ex teniente de alcalde a una sentencia de la Audiencia de Alicante, de enero de 2004, que ya les condenaba a seis años de prisión por los daños producidos al marjal.

El tribunal ha ratificado esta sentencia con las penas de seis años de cárcel y una multa de 7.920 euros por los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, con la agravante de ostentar un cargo público y atentado a funcionario público, en la persona del director-conservador del humedal, quien trató de impedir los actos ordenados por el alcalde.

Indemnizaciones al Consell

El Supremo también ha confirmado la condena a Pascual y Orihuel frente al Consell. Ambos deben pagar 1,2 millones de euros a la Generalitat por los daños causados en el parque natural. No obstante, el Ayuntamiento de Pego y la Comunidad de Regantes de las Tierras Arrozales de la Villa de Pego fueron declarados responsables civiles subsidiarios.

No ha trascendido la fecha de ejecución de la sentencia, contra la que no cabe recurso. A lo único que puede aferrase Pascual es a pedir un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.

LUCÍA RONDA/PEGO
Las Provincias Valencia